Competencia

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no acota nada especial para cuando se trata de personas jurídicas. En su artículo 14 bis es donde si acaso hay mención a esta singularidad, introducido por el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, que en materia de competencia, objetiva en este caso, es lo único aportado por dicha Ley para las personas jurídicas y que establece:

Cuando de acuerdo con los dispuesto en el artículo anterior el conocimiento y el fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aún cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica.

Es un avance pero la LECrim ya empieza a señalar las personas jurídicas en materia competencial. En cualquier caso debemos seguir a lo establecido, por lo que será lo que dimana el artículo 14.2 el que nos conlleve la competencia para con las personas jurídicas al ser este el artículo “madre”, el denominado fórum commissi delicti: “[…] el Juez de Instrucción del partido en el que el delito se hubiere cometido…”. Aquí es de entender sin duda alguna que si la persona jurídica tiene sedes no prevalecerá la sede del domicilio social, sino exactamente donde el delito se hubiere cometido, así que si fue en una sede de la empresa, corresponderá al partido judicial donde se entable la sede, y no donde esté el domicilio social de la empresa. Si no se supiera donde acarreó el delito, será por consiguiente lo que establezca el artículo 15, estableciéndose los fueros subsidiarios. El Juez de Instrucción pues será el que dictamine dichos artículos pero para el caso de delitos con pena de más de cinco años o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, y que estas excedan de duración de más de diez años, será la Audiencia Provincial la competente para enjuiciar, según establece el artículo 14.4 de la LECrim. Cabe pensar que muchas empresas utilizarán el recurso de la inhibitoria o la declinatoria en pro de beneficios procesales y/o de índole económica o de gestión de recursos, ya que en el caso de que el partido judicial que haya sido reputado como competente no sea lugar de “agrado” para quien esté siendo enjuiciado, las empresas con sedes en diferentes lugares por ejemplo, incluido las que tienen sedes en otros países, procederán a la petición de la inhibitoria o la declinatoria valiéndose del argumento de que dicho delito fue previsiblemente haber ocurrido en otra sede de la empresa. ¿Por qué una empresa no iba a utilizar dicho recurso valiéndose de que otro departamento, radicado en otro lugar, ha sido el que previsiblemente ha podido incurrir en el hecho delictivo, cuando lo que busca realmente es una gestión más eficaz de sus intereses o yendo más allá, para interponer más problemática en pro de la consecución de las pruebas que vayan en su contra? Nada lo impide desde una perspectiva de la defensa de la persona jurídica. Será uno de los elementos importantes a tratar en medianas y grandes empresas, sobretodo estas últimas, que tendrán un sinfín de recursos a valorar para disponer qué partido judicial será el que a la postre sea el competente, eso sí, primero habrá de convencer y demostrar al Tribunal de que es así.

Es importante señalar que en la reciente sentencia del Tribunal Supremo, la 154/2016, de 29 de febrero, la primera que responsabiliza a las personas jurídicas, se hace una mención a este tipo de aspectos procesales, concretamente en dicha sentencia se viene a decir que los tribunales habrán de tener especial cuidado a la tutela judicial efectiva, en este caso, a lo concreto de conseguir un Juez competente. Así lo dispone en su fundamento de derecho octavo:

No obstante, tras dejar constancia para ulteriores ocasiones de tales exigencias, a las que tanto Jueces Instructores como Juzgadores habrán de prestar en futuros casos la oportuna atención, en el presente supuesto un pronunciamiento de nulidad semejante no procede (nulidad de actuaciones se refiere, tal como recurrió la defensa de la persona jurídica), toda vez que no se concreta el perjuicio para la recurrente, constitutivo de verdadera indefensión, que hubiera podido sufrir, resultando además excesivamente complejo, inadecuado y, sobre todo, de escasa utilidad práctica, incluso por las razones que acaban de exponerse en el párrafo anterior, de modo que lo que ha de concluirse, a la 15 postre, es en la desestimación del motivo, a causa de esa inutilidad práctica y ausencia de lesión efectiva de su derecho, sin perjuicio de que, como queda dicho y para futuras ocasiones, se haya de prestar atención a las anteriores consideraciones dirigidas a Jueces y Tribunales para que, en la medida de sus posibilidades, intenten evitar, en el supuesto concreto que se aborde, que los referidos riesgos para el derecho de defensa de la persona jurídica sometida a un procedimiento penal lleguen a producirse, tratando de impedir el que su representante en las actuaciones seguidas contra ella sea, a su vez, una de las personas físicas también acusadas como posibles responsables del delito generador de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Por consiguiente vemos que dicha materia procesal, será en lo sucesivo, continua y dará para mucho. Los departamentos jurídicos de las empresas deberán estudiar con ímpetu esta primera fase procesal a fin de entablar si les interesa mejor que sea un partido judicial y no otro el que asuma el proceso, insisto, siempre y cuando pueda demostrar que sí se estableció el delito, que fue en dicho lugar y no podía ser otro, insisto, si se hubiera cometido.

Para el caso de la competencia funcional, se reserva a los Juzgados de Instrucción siempre que no se den alguna de estas tres excepciones:

a) La atribución de la investigación y enjuiciamiento de determinados delitos, contra el mercado y los consumidores, o tráfico de drogas, corresponde al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, y para su enjuiciamiento al Juzgado Central de lo Penal o a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

b) El Tribunal del Jurado, para delitos como el cohecho o tráfico de influencias.

c) Si está incurso una persona aforada, la Sala 2da. De lo Penal, del Tribunal Supremo, o la Sala de lo Civil y Penal de un Tribunal superior de Justicia.

Nada que decir sobre la competencia por conexión, en el que regirá lo habitual.

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