El juicio oral

El artículo 786 bis de la LECrim fue introducido también por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. Nos dice lo siguiente:

1. Cuando el acusado sea una persona jurídica, ésta podrá estar representada para un mejor ejercicio del derecho de defensa por una persona que especialmente designe, debiendo ocupar en la Sala el lugar reservado a los acusados. Dicha persona podrá declarar en nombre de la persona jurídica si se hubiera propuesto y admitido esa prueba, sin perjuicio del derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el acto del juicio.

No se podrá designar a estos efectos a quien haya de declarar en el juicio como testigo.

2. No obstante lo anterior, la incomparecencia de la persona especialmente designada por la persona jurídica para su representación no impedirá en ningún caso la celebración de la vista, que se llevará a cabo con la presencia del Abogado y el Procurador de ésta.

En referencia a la irregularidad consistente en la simultánea asunción del representante y a la vez testigo, las personas jurídicas deberán de tener en cuenta que no se podrá confluir dicha asunción, no lo permite la LECrim.

En cuanto a que la admisión de esta prueba sea potestativa, no existe argumento para que dé lugar a esta desigualdad de trato con respecto a las personas físicas, ya que surge como no podía ser de otra manera, del derecho de defensa de todo acusado, con lo es de suponer que llegará el momento en que se corrija este sinsentido por parte del alto tribunal, alentado como hemos visto en anteriores ocasiones, por las sentencias comunitarias y/o del Tribunal Constitucional que valoran los aspectos inalienables del derecho de defensa.

La incomparecencia de la persona designada por la persona jurídica en ningún caso impide la celebración de la vista.

En cuanto a la conformidad de la persona jurídica acusada tiene relevancia en el artículo 787.8 de la LECrim:

Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla su representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. Dicha conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en los apartados anteriores, podrá realizarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados, y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos.

Esta cuestión deviene en un cierto sinsentido. La conformidad podrá ser pues formulada verbalmente en el juicio oral, y (Art. 487.1 LECrim):

Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. Si la pena no excediere de seis años de prisión, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa, si concurren los requisitos establecidos en los apartados siguientes.

Pero surge la duda de.. ¿podría darse el caso de que una persona jurídica fuera culpable porque hubo conformidad, y a la vez la persona física a los que se refiere el artículo 31 bis del C.P., esto es, aquellos por los que en nombre de la empresa haya/n cometido los ilícitos fueran no culpables? Porque se supone que la persona jurídica es responsable siempre que se dé por hecho que antes una persona física de la propia empresa –en nombre o por cuenta de las mismas- ha mantenido esas conductas recogidas por el Código Penal. Se trata de comprender que de lo uno deviene lo otro, de A procede B, como diría la lógica matemática, y aquí vemos que con el planteamiento que se da a la conformidad, podría dar lugar a este sinsentido o incongruencia.

Por tanto, conviene entender que, prima facie, parece no tener más sentido que esperar sentencia/s, que deberá dilucidar esta cuestión. Entiendo que el sentido común dispondrá que no puede ser responsable penalmente aquella persona jurídica cuando de la autora física se le supone no culpable, con lo que una conllevará la absolución de la otra, si es que la física resultará no culpable. Si bien nos depara un ámbito abierto en esta casuística, por cuanto el Tribunal Supremo busca el modelo de la autorresponsabilidad, con lo que previsiblemente falta contenido en materia jurisprudencial que determine a qué habrá que atenerse realmente.

  • Abogado
    Ruyman García Castro

    Colegiado n° 44.750 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
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