Imputación

En cuanto a la citación se establece en el artículo 119 de la LECrim. Se dispone en el mismo que cuando haya de procederse a la imputación de una persona jurídica, se practicará con ésta la comparecencia prevista en el artículo 775, con las siguientes particularidades:

a) La citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la entidad que proceda a la designación de un representante, así como Abogado y Procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la designación de oficio de estos dos últimos. La falta de designación del representante no impedirá la sustanciación del procedimiento con el Abogado y Procurador designado.

b) La comparecencia se practicará con el representante especialmente designado de la persona jurídica imputada acompañada del Abogado de la misma. La inasistencia al acto de dicho representante determinará la práctica del mismo con el Abogado de la entidad.

c) El Juez informará al representante de la persona jurídica imputada o, en su caso, al Abogado, de los hechos que se imputan a ésta. Esta información se facilitará por escrito o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada.

d) La designación del Procurador sustituirá a la indicación del domicilio a efectos de notificaciones, practicándose con el Procurador designado todos los actos de comunicación posteriores, incluidos aquellos a los que esta Ley asigna carácter personal. Si el Procurador ha sido nombrado de oficio se comunicará su identidad a la persona jurídica imputada.

Encontramos una diferencia en relación con las personas físicas. Si en este último caso hasta el trámite del auto de apertura de juicio oral puede el abogado defensor ser el 17 profesional que reciba las notificaciones, en el caso de las personas jurídicas no ocurre igual según esta nueva normativa. Aquí nos encontraríamos otra vez con esa suerte de advertencia que hace el Tribunal Supremo a los Juzgados y Tribunales en la Sentencia 154/2016, de 29 de febrero, toda vez que se busca no incurrir en dislates que apoyen falta de equiparación ante las personas físicas y den lugar a desagravios comparativos que se conviertan en recursos procesales de toda índole. Aquí considero que está predicho el cauce procesal y que ni es digno de relevancia, más allá de que el procurador se lo transmitirá al abogado y no quedará en más. Incluso me atrevería a decir que sería un indicio –legítimo- del intento por parte de la defensa de causar más trabajo al juzgador de lo que el sentido común nos debería ocupar. Aquellas defensas que tienen en su modus operandi el “se recurre todo” –algo así como llegar hasta el final en la idea del cautela abundans non nocet- tendrán las puertas abiertas en esta fase procesal y es de imaginar que llegará el día en que se establezca la equiparación entre las personas jurídicas y físicas en este tema menor. Aunque es que incluso es más serio dar por sentado que está el procurador obligado a recibir las notificaciones que no el abogado, visto de una manera pragmática, ya que el procurador se debe a ello y el abogado no tanto a estos quehaceres o no en la misma medida. En fin, ya desde las Partidas, determinadas personas debían comparecer en juicio necesariamente por medio de representante, sucedió para el caso de la Iglesia, cabildos, monasterios, consejos, etc.

Mención interesante tiene el artículo 120 LECrim sobre las disposiciones que requieren o autorizan la presencia del investigado –antes dícese imputado- en la práctica de las diligencias de investigación o de prueba anticipada, se entenderán siempre referidas al representante especialmente designado por la entidad, que podrá asistir acompañado del letrado encargado de la defensa de ésta. La diferencia nueva radica en que antes no se podía asistir de manera física a las diligencias de instrucción, con lo que está nueva norma reglada de esta manera confluye y comulga con lo que dimana el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, exactamente con su artículo 6, sobre el derecho a un proceso equitativo, y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, dos textos a fin de cuentas que no deja de ser las líneas maestras de lo que se pretende, por su carácter universal o multilateral. Si como clama dicho pacto, se trata de aunar principios comunes para la familia humana, vemos como hay un trasvase también en nuestro ordenamiento positivo a las personas jurídicas desde las bases que se emana para con las personas físicas.

En los autos de la Sentencia 154/2016, de 29 de febrero, la primera sentencia que responsabiliza a las personas jurídicas y como tal, de renombre para estudiar estos aspectos procesales, y anteriormente citada, vemos que la persona jurídica recurrió en casación basándose en:

La presunción de inocencia (art. 4.2 CE ), dado que los registros domiciliarios llevados a cabo en su día en las viviendas de las personas físicas también condenadas en estas actuaciones como autoras del delito contra la salud pública originario son nulos por falta de asistencia letrada.

El Tribunal Supremo en dicha sentencia hace equiparable los fundamentos jurídicos que da a las personas físicas para desestimar dicha petición. Emplaza a las SSTS 773/2013, de 22 de Octubre, o 187/2014, de 10 de Marzo, en el que aún no habiendo cumplido con los requisitos necesarios para otorgar la necesaria validez probatoria, insiste en la inexistencia de la obligación legal de dicho requisito para otorgar el valor probatorio a los resultados de dicha diligencia, que solo basta con la presencia del propio detenido, en este caso por correspondencia, que basta la presencia de la propia persona jurídica en dicha diligencia. Vemos por consiguiente que habrá que tener por sentado que si bien la LECrim dispone en el artículo 120 que podrá ir asistido de letrado encargado de la defensa, no será óbice para desdeñar dicha prueba si no se asiste de este.

  • Abogado
    Ruyman García Castro

    Colegiado n° 44.750 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
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