Los riesgos penales en las personas jurídicas

Los riesgos penales en las personas jurídicas son aquellos hechos que en función de la actividad a la que se dedican, pudieran incurrir en el reproche penal según dispone el Código Penal, los delitos. Pero no todo riesgo aún culminándose en realidad fáctica de hechos ilícitos resultan punibles. Como ya se ha explicado en el apartado anterior, la acusación deberá de demostrar que no ha habido las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma manera naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión (art. 31 bis 2.1ª CP). Si bien se ha acabado considerando que el que siente lo cómodo debe sentir también lo incómodo (qui sentit commodum, debet sentire incommodum), la teoría del riesgo permitido viene a intentar sentar la base de que hay limites o fronteras que reglan la separación de lo que se ha de dar como ilícito penal de lo que no. Así pues, no valdrá solo con que haya una causalidad penal entre la conducta del autor del hecho y el ilícito penal resultante que sea achacable a la persona jurídica; se deberá tener en cuenta la teoría del dominio del hecho para contrastarlo o enfrentarlo con el programa de compliance, si realmente este pudo, y por consiguiente debió, haber abarcado aquel riesgo penal que se conformó en un delito de resultado y en consecuencia, haber eliminado o atenuado el resultado. Dando por sentado que se trata de un delito separado, el del delito corporativo, y de ahí, se tratará de imputar de si realmente tuvo medidas oportunas para por lo menos evitar el delito, pese a que realmente acabó produciéndose.

Los delitos que pueden ser por las personas jurídicas son los siguientes:

Tráfico ilegal de órganos o su trasplante. Art. 156 bis 3

Trata de seres humanos. Art. 177 bis 7

Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores. Art 189 bis

Delitos contra la intimidad y allanamiento informático. Art. 197 quinquies

Estafas y fraudes. Art. 251 bis

Frustración de la ejecución. Art. 258 ter

Insolvencias punibles. Art. 261 bis

Daños informáticos. Art. 264 quáter

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores y de la corrupción privada. Art. 288

Receptación y blanqueo de capitales. Art. 302.2

Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social. Art. 310 bis

Financiación ilegal de partidos políticos. Art. 310 bis

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Art. 318 bis.5

Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal. Art. 319.4

Delitos contra el medio ambiente. Art. 328

Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes. Art. 343.3

Delitos de riesgo provocado por explosivos. Art. 348.3

Delitos contra la salud pública en la modalidad de práctica ilícita con medicamentos, productos sanitarios y adulteración de alimentos o de aguas potables. Art. 366 bis

Delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. Art. 269 bis

Falsificación de moneda. Art. 386.5 CP

Falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje. Art. 399 bis 1

Cohecho. Art. 427 bis

Tráfico de influencias. Art. 430

Incitación al odio y a la violencia. Art. 510 bis

Organizaciones y grupos criminales. Art. 570 quáter

Financiación del terrorismo. Art. 576.5

  • Abogado
    Ruyman García Castro

    Colegiado n° 44.750 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
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