Naturaleza dogmática del programa de cumplimiento

Uno de los elementos a considerar es la importancia de si era la acusación la que debía probar el delito corporativo, o si, era una carga de la prueba que recaía a la defensa para lograr la causa de exención de responsabilidad. Que a la vez tiene profusión con una cuestión dogmática de si prevalece la tipicidad del delito corporativo en los hechos, en virtud del art. 637.2 LECrim para dar por resuelto si cabe imputación, o si por el contrario, por el hecho de albergarse una excusa absolutoria, cabe la no responsabilidad penal, en virtud del art. 637.3 LECrim, por que ha resultado en la persona jurídica tener o haber tenido un programa idóneo de evitación de delitos o programa de compliance. Subyacía la idea de que en fase de culpabilidad, como quiera que está contemplado la eximente absolutoria, si esta era ya preeminente sobre el injusto perpetrado. El injusto tiene que ver con la organización defectuosa y la culpabilidad con la cultura de compliance defectuosa.

Así pues, esta duda ha quedado resuelta por el Tribunal Supremo, en sentencia4 de 16 de marzo de 2016, el cual, asienta la base de que no puede darse cabida a una nueva teoría de la carga de la prueba porque se trate de no personas físicas. Si es la acusación la que debe probar el hecho delictivo con todos los recursos que disponga o intente valerse en un proceso contra una persona física, no debería de establecerse una diferencia en la teoría clásica de la carga de la prueba para el caso de las personas jurídicas. Si son penas establecidas para las personas físicas en el Código Penal, y hay penas asimismo para las personas jurídicas en dicho Código, deberán estas de tener las mismas garantías procesales, la misma igualdad de armas, y por añadidura, del equivalente derecho a la presunción de inocencia. Porque de lo contrario sería descansar una previa asunción de que ya era culpable, pero si demuestra un programa eficaz de compliance, resultaría en una excusa absolutoria, de ahí que sería pervertir el principio de la presunción de inocencia.

Por lo tanto se ha de entrever que primero hace falta indicios suficientes de que la persona jurídica no ha acometido las medidas idóneas de vigilancia y control para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Será por tanto, que debe de recaer en la acusación, la carga de la prueba de demostrar que la persona jurídica tiene o ha tenido defecto estructural en los mecanismos de prevención de delitos. Será por tanto, que es la acusación, el que deberá de “centrarse” o “indagar”, con los medios de prueba que entienda oportunos, en “aquellos elementos organizativo-estructurales que han posibilitado un déficit de los mecanismos de control y gestión, con influencia decisiva en la relajación de los sistemas preventivos llamados a evitar la criminalidad en la empresa. No cabe por tanto establecer que antes de establecerse dichos indicios suficientes, se pueda contemplar si cabe la eximente absolutoria.

  • Abogado
    Ruyman García Castro

    Colegiado n° 44.750 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
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